reformas derechos humanos

Por mayoría de votos el congreso local avaló las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos que se impulsaron a nivel federal; no obstante, diputados panistas criticaron el que se estableciera un punto específico al derecho a no ser discriminados por las preferencias sexuales, pues argumentaron que irónicamente ello resulta excluyente y sólo limita la aplicación de la ley.
En la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones en donde una serie de iniciativas del PAN, PRI y Convergencia fueron enviadas a comisiones para su discusión, el tema que provocó mayor polémica fue el referente al apoyo que terminó por otorgar esta legislatura a la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La reforma constitucional reconoce como inherentes a las personas los Derechos Humanos y sus Garantías, además de que dota de facultades a la CNDH para investigar las violaciones graves a los derechos humanos de funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso de legisladores.
Asimismo se establece que ninguna autoridad estará facultada para negar información a esa comisión, permitiendo que el poder legislativo local o federal pueda llamar a comparecer a los señalados por la misma lo que permitirá dar seguimiento a las denuncias y evitar la impunidad.
De igual forma las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos podrán presentar denuncias penales o civiles que consideren procedentes contra dichos funcionarios y representantes populares.
Ante ello la bancada panista consideró que en su mayoría se tienen puntos favorables que se debían apoyar aunque existen también deficiencias. El presidente de la comisión de gobernación, Juan Carlos Espina Von Roerich, señaló tres en específico: el que se mencionen ahora a personas y no a individuos; el que la implicación de reconocer los tratados internacionales en la materia puedan atentar contra la soberanía nacional; y la inclusión del término de preferencias sexuales para el establecimiento de derechos que resulta ambiguo y discriminatorio pues sólo se enfoca a la diversidad sexual cuando debía referir la diversidad religiosa y de creencias, entre otras por lo que lo óptimo era dejar sólo el término “preferencias”.
No obstante, ante los beneficios del resto de cambios y la imposibilidad de abstenerse en el voto, la mayoría de los diputados aprobaron la reforma que sólo contó con la negativa de la diputada Ana María Jiménez y Rafael Von Rasfeld